Funcionarias del Estado dejan claro que la Generalitat gastó al menos 917.000 euros en el referéndum ilegal

A eso del mediodía, la fiscal Consuelo Madrigal tiene delante un festín, algo con lo que cualquier acusación soñaría: tres altas funcionarias de Hacienda y una de la Intervención General, abogadas del Estado con larga experiencia en puestos de responsabilidad, que vienen a servirle en bandeja los argumentos para sostener el delito de malversación. De hecho, tanto preocupa su testimonio a los abogados defensores que algunos de ellos intentan por todos los medios que el juez Manuel Marchena no acepte el peritaje, provocando incluso que el tribunal se retire durante unos minutos a deliberar. Una vez que el juez reanuda la sesión —las alegaciones son rechazadas por extemporáneas—, Carmen Tejera, una de las abogadas del Estado, pronuncia una frase a modo de aviso para navegantes:

 – En ningún momento hemos recibido algún tipo de indicaciones de cómo debíamos trabajar. Los abogados del Estado tenemos garantizada la libertad de criterio respecto a los cargos políticos.

La imagen que ofrecen delante del tribunal bien pudiera servir para un anuncio publicitario de esa cosa tan abstracta llamado Estado. Cuatro mujeres de mediana edad, funcionarias de carrera, abogadas del Estado para más señas, que exponen de manera seria y brillante el resultado de su investigación. Hay una de ellas que además deja una frase para enmarcar: “Los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o los pagamos los ciudadanos”. Así que, con estos mimbres, la fiscal Consuelo Madrigal lo tiene fácil. Se trata de hacer una docena de preguntas concretas, directas al meollo de la cuestión, y dejar a las defensas temblando. Hasta un paracaidista en asuntos de tribunales intuye que estamos en un momento crucial de un juicio que desde que se inició —hace ya 45 jornadas— lleva persiguiendo al fantasma de la malversación sin terminar de atraparlo. El típico momento para que la fiscal de un juicio de tanta relevancia aproveche el largo receso —la última sesión fue el martes 14— y ensaye hasta delante del espejo las tres o cuatro preguntas fundamentales para la causa.

No es así. La fiscal Madrigal se hace tanto lío con las preguntas que, solo unos minutos después de iniciado el interrogatorio, el juez Marchena le da el primer aviso: “Lo que interesa al tribunal son las partidas concretas”. A los pocos minutos llega el segundo toque de atención: “Señora fiscal, vamos a centrarnos en aspectos concretos”. La incomodidad se advierte en el rostro de las técnicas de Hacienda, que en cuanto reciben una pregunta bien dirigida responden aquello que las defensas no habrían querido escuchar:

– ¿En qué momento se produce algún perjuicio en detrimento del patrimonio público?–, pregunta la fiscal.

La respuesta de las expertas es muy clara: “En el momento en que se presta el servicio por parte del empresario”. Y lo explican unos segundos después: “Cuando haya existido un encargo por parte de la Administración, y ese encargo haya sido ejecutado de buena fe por el contratista, siempre va a surgir una obligación de pago por parte de la Administración”. Trasladado al román paladino, y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para sustentar un posible delito de malversación no es necesario que se consume el pago de los servicios contratados, sino solo su contratación. Durante semanas, las defensas han sostenido que, pese a que los anuncios existieron, las páginas webs se diseñaron, las papeletas se imprimieron y el material electoral fue enviado por correo a instancias de un misterioso “tal Toni”, nada de eso fue pagado por el Gobierno que entonces presidía Carles Puigdemont. Lo que funcionarias de Hacienda dejan claro es que la Generalitat gastó al menos 917.000 euros en el referéndum ilegal. Y que si luego se pagó o no, es lo de menos. La deuda contraída por la Generalitat surge en el momento en el que se ejecuta el servicio que ha encargado.

Nada fue gratis el 1-O.

 

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