Los expertos de las acusaciones consideran que se puede dar un valor potencial a esos locales, mientras que los de las defensas sostienen que están fuera del mercado

El juicio del procés ha vivido este jueves lo más parecido a un careo desde que empezó la vista oral: el testimonio simultáneo de dos peritos propuestos por las acusaciones y dos propuestos por las defensas sobre el valor de uso de los locales públicos que se usaron como centros de votación en la consulta independentista del 1 de octubre de 2017. Esta es una de las partidas que la Fiscalía incluye en el delito de malversación y que asciende, según un informe incorporado a la causa, a más de 900.000 euros. Sin embargo, esta cifra no ha salido a relucir durante el testimonio de los peritos y ni las acusaciones ni las defensas han preguntado por ella.

Las tesis de los peritos de una y otra parte son discrepantes de partida. Los de la acusación (uno perteneciente a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio y el otro, a la empresa privada Ibertasa), creen que los locales públicos que se usaron para el referéndum tienen “un valor potencial de uso”. Los de la defensa, por su parte, consideran que esos inmuebles están fuera del mercado inmobiliario, es decir, no pueden alquilarse, por lo que no se les puede otorgar un valor al alquiler ni su uso el 1-O tuvo un lucro cesante para la Administración (dinero que supuestamente se deja de ingresar por ceder los locales en vez de alquilarlos).

«Son bienes excluidos del tráfico del mercado inmobiliario ordinario, pero esto ocurre con todos los bienes de titularidad pública, hay ámbitos en los que trabajamos como peritos, como inmuebles de uso portuario o bienes de uso público que usan privados de forma especial. Y para calcular la tasa o el canon se comparan esos inmuebles con el tráfico inmobiliario ordinario”, ha explicado el perito de la sociedad estatal. Frente a esta argumentación, los expertos de las defensas han insistido en que los edificios públicos que se usaron el 1-O “no dan lugar a una contraprestación”. “El servicio que se hizo el día de autos no está sujeto a tasas o precios públicos», han afirmado.

Los peritos de las defensas han discrepado también de la metodología usada por sus colegas para hacer el informe en el que se amparan las acusaciones. Les reprochan haber valorado la superficie total de la parcela en vez de la del edificio en sí. “Se han llegado a valorar superficies de 73.000 metros” ha advertido uno de los peritos de las defensas. Además, el informe se ha hecho valorando un alquiler de 24 horas. “Ningún proceso electoral dura 24 horas”, han señalado estos técnicos.

La Fiscalía ha preguntado a ambos equipos de técnicos si se valoró el coste del uso de los centros (limpieza, electricidad, etcétera), pero los cuatro expertos han coincidido en que ese dato, que sí podría haber dado una cifra de coste real para la Administración, no se incluyó en la pericial.

Las defensas de los líderes independentistas procesados han dirigido su interrogatorio a apuntalar la tesis de que los edificios que se usaron el 1-O no eran alquilables y, por tanto, no hubo malversación en su cese. El abogado Mariano Bergès, que defiende a la exconsejera Dolors Bassa, ha hecho una misma pregunta a los técnicos de uno y otro lado: “¿Se hubiera podido obtener alguna renta de alquiler de esos locales si no se hubiese celebrado el referéndum?”. Las respuestas han sido opuestas: “Esos locales no se pueden alquilar”, han insistido los peritos de las defensas. “Se puede obtener dinero por esos locales, ojalá me los dejaran a mí gratis», ha dicho uno de los peritos de la acusación.

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