El Tribunal Constitucional amparó en 1990 en la libertad ideológica la promesa “por imperativo legal” de diputados de Herri Batasuna

Las fórmulas empleadas este martes por los diputados de la recién estrenada XIII Legislatura para acatar la Constitución, requisito para acceder a la condición plena de parlamentario nacional, pueden ser más o menos imaginativas, coloridas o pintorescas —o incluso ofensivas para algunos—, pero desde el punto de vista constitucional son perfectamente válidas. El Tribunal Constitucional, presidido entonces por Francisco Tomás y Valiente, estableció en 1990 que prohibir a los parlamentarios añadir coletillas al juramento o promesa supone “anteponer un formalismo rígido” que “violenta” el derecho fundamental de participación política que la misma Constitución protege. Eso sí, para que estos añadidos sean admisibles no pueden “condicionar ni limitar” el acatamiento de la Ley Fundamental de 1978, que debe ser inequívoco.

A la pregunta de la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de “¿juráis o prometéis acatar la Constitución?”, los diputados han hecho el mayor alarde de imaginación en 42 años de democracia. Los 24 diputados de Vox, que se estrenaban en el Congreso, han jurado “por España”. Parlamentarios de Podemos han prometido “por la democracia y los derechos sociales”. Alberto Garzón, de IU, lo ha hecho “por la democracia y la república”. El diputado ecologista Juan López de Uralde ha invocado a “todo el planeta”.

Los diputados nacionalistas catalanes en prisión provisional, entre pataleos de la derecha para intentar acallar su voz, han prometido “por compromiso republicano” y “como preso político” (Oriol Junqueras); y “por lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña” (Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez). Los cuatro han prometido en catalán y han manifestado su acatamiento a la Constitución por el ya clásico “imperativo legal”, acuñado en 1989 por los parlamentarios de la ilegalizada Herri Batasuna, avalado por el Constitucional.

La fórmula elegida por los diputados acusados de rebelión por el otoño independentista de 2017 le ha servido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para buscar desde el primer minuto de la legislatura el liderazgo de la derecha y el título de azote del independentismo. Rivera ha solicitado a Batet que “actúe” ante “el pisoteo a la dignidad de España” que supone, en su opinión, que los secesionistas se presenten como “presos políticos”. Rivera invocó el artículo 103.1 del Reglamento del Congreso, que obliga a llamar al orden a los diputados y oradores “cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”.

Posteriormente, el PP solicitó a la Mesa del Congreso que revise «una a una» todas las fórmulas utilizadas por los diputados presos al entender que las expresiones utilizadas por estos «limitan la eficacia» del acatamiento y lo «vician de nulidad». «El acatamiento no se ha producido de forma clara e inequívoca, sino que, al contrario, con tales fórmulas lo que se ha pretendido es limitar, condicionar o eludir el juramento o promesa de acatar la Constitución», afirmaba el escrito presentado tras el pleno por el partido de Pablo Casado.

Batet, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, estaba preparada para su primera polémica. Aunque Rivera solicitaba una llamada al orden, la nueva presidenta del Congreso ha interpretado que el líder de Ciudadanos le pedía que no considerara válida la forma de acatamiento, lo que supondría denegar a los presos el acceso a la condición plena de diputados.

«No se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución, y esta presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constitución», remarcó Batet. La presidenta citó la sentencia 119/1990 del Tribunal Constitucional, que dio validez al acatamiento por “imperativo legal” que realizaron en noviembre y diciembre de 1989 los diputados de la ilegalizada Herri Batasuna Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y Ángel Alcalde, a los que se había denegado la condición de diputados.

Esta sentencia, de la que fue ponente Francisco Rubio Llorente, afirmaba lo siguiente: “En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal (…) no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración”. Negar a un parlamentario la condición de diputado por no ceñirse a la fórmula “sí, juro” o “sí, prometo” supone “hacer prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora”.

Otra sentencia del año siguiente, sobre el acatamiento por “imperativo legal” del senador de HB José Luis Álvarez Emparanza profundizaba en la cuestión. “Lo decisivo es que el acatamiento a la Constitución haya sido incondicional y pleno”, sostenía. El tribunal recordaba que “la tradición parlamentaria española (…) generó un auténtico uso de manifestar reservas o explicaciones de distinta naturaleza a la emisión del juramento o promesa”. En el caso de la fórmula “por imperativo legal”, el Constitucional estimó que “debe necesariamente ser entendido como un acatamiento, o sea, como una respuesta afirmativa a la pregunta formulada por el presidente de la Cámara”.

Fe de errores

En una versión anterior de esta noticia se decía que Ciudadanos presentó un escrito a la Mesa del Congreso para que esta revise «una a una» las fórmulas de acatamiento de los diputados catalanes presos. En realidad esta iniciativa fue del PP.

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