El monumento, que ha costado 10 millones de euros en cinco años, dejó un agujero de 382.000 euros en 2017

El Gobierno puso este viernes fecha para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, un conjunto monumental que en cinco años ha generado unos gastos para el erario público que superan los 10 millones de euros. Mantener la abadía, el monumento, la escolanía y la hospedería que lo forman cuesta una media de dos millones de euros al año, que ni de lejos se compensan con los ingresos que se obtienen de la venta de entradas. En 2017 las pérdidas ascendieron a 382.000 euros.

El año 2017, el último del que Patrimonio Nacional ha facilitado datos a EL PAÍS en respuesta a varias peticiones de información amparadas en la Ley de Transparencia, fue el que reunió a más visitantes al Valle de los Caídos: 283.277 personas, un 8% más que el año anterior (en 2018 las visitas crecieron un 33,5% hasta las 378.875 animadas por el anuncio de la exhumación de Franco).

Con la venta de entradas y otros ingresos, Patrimonio Nacional obtuvo en 2017 1.359.039 euros, frente a los 1.741.047 que gastó en varias partidas: personal —hay unos 30 empleados destinados en el Valle—, gastos corrientes y de servicios, inversiones —obras y trabajos de reparación de desprendimientos, por ejemplo— y la subvención que todos los años recibe la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para sus “fines” y el mantenimiento y conservación de sus bienes.

La subvención, de 340.000 euros, es la más alta de todas las que concede Patrimonio Nacional a los Reales Patronatos, y se destina a pagar los gastos de la escolanía y la Abadía Benedictina, cuyo superior y prior administrador, Santiago Cantera, se ha negado repetidamente a que Franco salga del Valle. La Abadía es la beneficiaria de la fundación. Y la fundación, creada en 1957, solo existe sobre el papel. No tiene estatutos, ni patronato ni cuentas anuales. Es el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional el que ejerce de patronato de la fundación “transitoriamente” desde 1982, y hasta hace muy poco no exigía que los monjes rindieran cuentas de cómo gastaban la subvención.

De hecho, Patrimonio Nacional le hacía la transferencia directamente a la comunidad religiosa de la Abadía Benedictina hasta 2015, y no a la fundación, que hasta entonces carecía de entidad fiscal y hasta de cuenta corriente. Obligado por el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2016 se le empezó a entregar la subvención a la fundación, que a su vez se la libra íntegramente a la abadía. El Tribunal de Cuentas detectó, entre otras irregularidades, que de ese dinero “no se ha rendido nunca cuenta justificativa”. Es decir, que los monjes jamás habían explicado en qué gastaban los 340.000 euros.

Gastos de culto

Con la subvención pública la abadía paga todo tipo de gastos ordinarios, incluidos los de culto, según las memorias justificativas de 2016 y 2017 a las que ha accedido EL PAÍS después de reclamar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), tras la negativa de Patrimonio Nacional a facilitar el desglose de esa cantidad. El mayor gasto de los dos ejercicios corresponde a “alimentación”, pero también aparecen partidas destinadas a pagar sueldos y salarios, combustible, material de oficina, limpieza y energía eléctrica. En 2016 se pagaron nóminas de profesores y de personal de servicios generales con la subvención. En 2017 se destinaron 93.283 euros a las cotizaciones sociales de nueve trabajadores de cocina, limpieza, lavandería y personal de oficios.

La Abadía Benedictina presentó 237 facturas en 2016 (133.323 euros) y 143 en 2017 correspondientes a “alimentación”, según la documentación de Patrimonio Nacional. En 2016 no aparecen gastos en consumo eléctrico, pero sí en 2017: 22 recibos que sumaron 24.118 euros. Las “comunicaciones” (teléfono) sumaron 76 facturas en 2016 (6.542 euros) y 13 el año siguiente.

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Los gastos de culto también se sufragan con cargo al Estado, según demuestra la documentación. Supusieron 5.150 euros en 2016. Tanto en 2016 como en 2017 se empleó la subvención para sufragar “gastos de culto”, según recogen las memorias, que explican sucintamente en qué consistieron: “compra de lamparillas de cera, botellas de cera líquida y velones, entre otros elementos”. Con la subvención se pagan también las excursiones de los escolanos al zoo y al Monasterio de Piedra, dentro del epígrafe “gastos educativos”.

De los 340.000 euros de subvención, los monjes destinan apenas un 8,5% a conservar los bienes que gestionan. El grueso de las obras (reconstrucción de bóvedas, desprendimientos, pintura de los techos de la abadía) se costean con cargo al capítulo de inversiones o al de gastos corrientes de la partida presupuestaria que Patrimonio Nacional dedica al Valle de los Caídos. Entre 2012 y 2017 distintos trabajos de mantenimiento, como el del funicular que sube a la cruz, o las restauraciones de elementos de la basílica, costaron 1,8 millones de euros, según una respuesta que dio el Gobierno el año pasado al senador de Compromís Carles Mulet.

Las memorias justificativas consisten en apenas dos páginas en las que el gerente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional verifica las facturas y comprueba su “adecuación” con el importe final. Un cuadro recoge el área de gasto, el número de facturas de cada área y el gasto realizado. El documento que detalla la cantidad correspondiente a 2017 tiene fecha de 19 de octubre de 2018.

Las memorias justificativas no son unas cuentas al uso de la fundación, pero según la respuesta enviada a este diario por Patrimonio Nacional son lo único que hay por ahora. El organismo pidió aclaraciones a la abadía sobre su presupuesto hace unos meses, según adelantó EL PAÍS. Los monjes enviaron unas cifras que fueron rechazadas porque, entre otras cosas, no incluían como ingresos la subvención con la que pagan muchos de sus gastos.

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