El Comité de los Derechos del Niño observa falta de garantías en los caso de dos adolescentes a los que la Administración convirtió en adultos

El Comité de los Derechos del Niño, el órgano de las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los derechos de la infancia, ha reprendido a España por violar los derechos de dos niños inmigrantes. La organización asegura que en los casos de los dos menores de edad que llegaron a España en 2016 y 2017, aunque alegaron ser niños, la Administración los empujó a un proceso para decretar su edad que “no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos”.

Estos dos dictámenes se suman a otras advertencias recientes del Comité en la misma materia. En febrero de este mismo año el Comité condenó a España por la devolución en caliente de un menor que saltó la valla de Melilla en 2014. Meses antes ya había mostrado su preocupación por la situación de vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados en España.

Uno de los casos sobre los que se pronuncia ahora el Comité es el de un niño camerunés que vivía en la calle desde los 10 años y que decidió migrar en mayo de 2015. Con solo 15 años pasó por Nigeria, Benín, Níger, Argelia y Marruecos hasta saltar la valla de Ceuta en abril de 2016. Allí contó que había nacido en el año 2000, pero, según su denuncia, le aconsejaron que evitase declarar que era menor de edad para no ser obligado a permanecer en la ciudad autónoma y poder ser trasladado a la Península. Tratado como un adulto acabó viviendo en las calles de Madrid hasta que en octubre de 2016 un familiar le envió su acta original de nacimiento. El consulado de Camerún en Madrid acabó expidiendo en marzo de 2017 el pasaporte biométrico que confirmaba su minoría de edad, pero para entonces ya era carne de expulsión.

Enfermo de tuberculosis y malaria, la Fiscalía decretó en enero de 2017 que tenía más de 18 años porque el chico se negó a realizarse una radiografía de la muñeca que determinase su edad. Estas pruebas forenses a las que se somete a los niños migrantes presentan importantes márgenes de error y el camerunés no quiso someterse a ellas. Aunque no le permitieron que le acompañase un abogado o un tutor, el chico presentó una fotocopia de su acta de nacimiento para demostrar que aún era un niño (la original estaba en el consulado para tramitar su pasaporte), su carta de identidad original y su certificado de inscripción consular. Pero la Fiscalía no lo consideró válido y asumió que si no quería someterse al examen forense era para que no se revelase su verdadera edad. Cuando por fin tuvo el pasaporte en sus manos, el chico solicitó a la Fiscalía que revisase la decisión que le había convertido en adulto, pero esta se negó.

El segundo caso es el de un argelino de 17 años que llegó a Almería en patera en 2017. Las radiografías de su muñeca arrojaron que tenía más de 19 años y, a continuación, se decretó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Durante su estancia en el centro, denunció el joven, uno de los agentes le golpeó con un palo. En este caso, el Decreto de Fiscalía tampoco se revisó, cuando el menor acreditó ser menor edad con su partida de nacimiento.

En su dictamen, del 29 de mayo, el Comité recuerda que los documentos disponibles deben considerarse auténticos salvo prueba contraria y deben tenerse en cuenta las declaraciones de los niños. Considera también que, en ambos casos, España incumplió la medida provisional que solicitó Naciones Unidas, en el transcurso del examen del caso, de trasladar a ambos niños a un centro de protección de menores. Los dictámenes también advierten de que los Estados deben evitar fundamentar sus decisiones en «métodos médicos basados, en el análisis de los huesos y el examen de los dientes, que pueden ser imprecisos, y tener amplios márgenes de error, y también pueden ser traumáticos y dar origen a procedimientos judiciales innecesarios».

La decisión obliga a España a evitar que se cometan violaciones similares en el futuro y demanda que se designe rápidamente una representación gratuita durante el procedimiento de determinación de la edad de estos niños. También determina que el Estado debe compensar a los niños ofreciéndoles incluso la oportunidad de que regularicen su situación administrativa en España.

Fundación Raíces, que ha elevado a Ginebra estos dos casos y nueve más, denuncia el “trato racista y discriminatorio” que da la Administración a estos niños. Su presidenta, Lourdes Reyzábal, mantiene que estos dictámenes son “mucho más que un tirón de orejas a España” y que los hechos denunciados siguen repitiéndose. “Nos parece increíble, que hoy mismo, en Madrid y en otras ciudades, la Fiscalía siga convirtiendo en adultos a niños y niñas que tienen acreditada su minoría de edad, de la única manera que pueden hacerlo, a través de sus embajadas y consulados correspondientes”

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