La suspensión de la repatriación de una mujer en estado de gestación ya se aplica, según los expertos

El Partido Popular ha querido incluir a las mujeres migrantes en situación irregular en su propuesta de ley de apoyo a la maternidad. No les promete medidas para la conciliación, ni garantiza que nadie les niegue su asistencia sanitaria. Tampoco planea flexibilizar los trámites para regularizar a su familia en España. La propuesta de Pablo Casado consiste en garantizar que la madre extranjera que quiera entregar a su bebé en adopción no sea expulsada del país mientras se formalice el proceso. Una iniciativa que, según los especialistas consultados, no tiene fundamento porque la ley ya las ampara. El artículo 57.6 de la ley de extranjería prevé la suspensión de la repatriación de una mujer embarazada cuando exista un riesgo para la gestación o la salud de la madre y en la práctica, según garantizan abogados especialistas en extranjería, ese riesgo puede justificarse con la simple evidencia del embarazo. La presencia de mujeres embarazadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en los aviones de repatriación no es habitual, abundan los expertos. 

La propuesta del PP no abre la puerta a conceder la residencia de las mujeres en situación irregular, como se ha llegado a interpretar y como sí se contempla en algunas circunstancias excepcionales como las víctimas de violencia de género que denuncien. Tras entregar al niño, según la propuesta popular, la madre volverá a ser vulnerable ante redadas de identificación y podrá convertirse en una de las cerca de 30 personas que se expulsan de media en España todos los días.

Tras el revuelo que ha ocasionado la iniciativa, el PP ha matizado e insistido en que lo que pretende evitar es que se utilicen los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega de un bebé en adopción “como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer”.

La ley de protección de datos, sin embargo, también blinda la información personal de esas mujeres, más aún si se trata de informaciones sanitarias. “La legislación ya protege a las mujeres en ese sentido. Otra cosa es que un particular pueda hacer un uso o apropiación indebida de esa información. En ese caso, ese uso debe ser perseguido”, mantiene la profesora de Derecho Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas, Isabel Lázaro. “Estamos metiendo en el debate unas cuestiones que no responden a la realidad. Ni se están usando datos de mujeres que entregan sus hijos en adopción ni se están repatriando mujeres embarazadas”, lamenta Lázaro, que se ha especializado en el estudio de los menores extranjeros y las familias migrantes. “Lo que estas mujeres necesitan es un soporte mínimo para poder criar a sus hijos”.

La propuesta, mantiene el PP, consistiría en ampliar a toda España un protocolo que desde 2009 usa la Comunidad de Madrid para la entrega de niños en adopción y que está dirigido a la población en riesgo de exclusión social “que imposibilite el cuidado de los niños y exista riesgo de un posible abandono en las calles”. El protocolo de Madrid no asegura la no expulsión del país a una inmigrante en situación irregular, apenas garantiza el anonimato y que no sufrirá consecuencias legales por entregar a su hijo (el abandono de un menor está tipificado en el Código Penal). Tres años después de la puesta en práctica, este protocolo asistía principalmente a mujeres jóvenes latinoamericanas. De 2009 a 2013 se entregaron nueve bebés a través de este procedimiento, según datos oficiales divulgados por Europa Press.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha criticado la propuesta incluida por los populares por “estigmatizar” a las personas migrantes, “en este caso el eslabón más débil, mujeres inmigrantes embarazadas en situación administrativa irregular”. Para CEAR, “lanzar esta propuesta aprovechando una ley de apoyo a la maternidad muestra el desconocimiento absoluto de la ley de extranjería y evidencia la falta de políticas y propuestas en materia de migración”.

Médicos del Mundo, por su parte, ha exigido al PP “una aclaración urgente” sobre su propuesta y ha lanzado al partido una serie de cuestiones en un comunicado: “¿Qué derechos pretende defender? ¿Qué protección merecen para el PP las embarazadas en situación irregular que no desean dar a sus hijos en adopción?”. A la ONG le ha llamado la atención también la mención a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, como un ejemplo. “Precisamente es en la Comunidad de Madrid donde la Consejería de Sanidad ha dado instrucciones para excluir de la atención sanitaria a las mujeres embarazadas que no acrediten llevar más de 90 días en España”, mantiene el comunicado. Como consecuencia de esta medida, abunda la entidad, se han documentado varias denegaciones de atención a mujeres embarazadas, algunas de ellas en avanzado estado de gestación.

 

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