La 15ª sesión, en principio de transición, se centra en cómo y quién pagó la publicidad del referéndum en las calles

Como las grandes vueltas ciclistas, los macrojuicios, ya sean de corrupción, de terrorismo o de tráfico de drogas, suelen tener etapas de transición. Son esas sesiones llanas —a veces rápidas, a veces morosas— que sirven de puente con las jornadas de mayor trascendencia jurídica o interés mediático. Y el juicio del procés, excepcional en muchos aspectos, no lo es en este. La sesión de este martes, la 15ª de la vista oral que se inició hace justo un mes, tiene, al menos sobre el papel, todos los ingredientes de este tipo de jornadas: unos testigos desconocidos que declararán sobre unos hechos ciertamente colaterales a las grandes líneas del desafío independentista catalán del otoño de 2017. Sin embargo, no conviene bajar la guardia. Algunas veces, estas sesiones que llaman a la siesta reservan sorpresas que las vuelven trepidantes o que incluso ponen el proceso patas arriba.

En la sesión de este lunes los comisarios de los Mossos Manel Castellví y Emili Quevedo certificaron, con vueltas y titubeos, que el expresident fugado Carles Puigdemont desoyó las advertencias sobre posibles actos de violencia si seguía adelante con el referéndum ilegal de Cataluña. El miércoles, por el Tribunal Supremo pasarán los observadores internacionales contratados por la Generalitat para dar apariencia de legitimidad a la consulta prohibida por el Constitucional y el jueves está previsto que declare uno de los grandes protagonistas del procés: el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Entre estos hitos del juicio transcurrirá la jornada de este martes.

En el Salón de Plenos del Tribunal Supremo se hablará este martes de los carteles anunciadores del referéndum, un elemento que suena levemente exótico en el siglo XXI y en los tiempos de las redes sociales. Pero lo cierto es que la imprenta funcionó a pleno rendimiento aquellos días. Y el coste de esos pasquines, folletos y dípticos, 38.431 euros en total, pagados por la Generalitat, son una parte pequeña de los 2,87 millones supuestamente malversados por el Ejecutivo catalán en aquella consulta ilegal.

El primer testigo de la mañana será José Oriol González Martínez, propietario de la empresa Buzoneo Directo SL, en Montcada i Reixach (Barcelona). En la nave de esta compañía, la Guardia Civil intervino 507.000 dípticos y 750.000 folletos el 16 de septiembre de 2017. Le seguirá Rosa María Sans Travé, responsable de la imprenta Artyplan, una de las tres sociedades a las que el Departamento de Presidencia de la Generalitat —a través de la entidad soberanista Òmnium Cultural— encargó, según la Fiscalía, la confección del material con el que empapelar las calles catalanas en las semanas previas al referéndum.

Los carteles intervenidos eran de dos tipos. Unos llevaban el logotipo de la Generalitat y se corresponderían con la campaña institucional del referéndum ilegal. Los agentes también se incautaron de 138.000 carteles con el texto: «Sí, per fer-los fora», [«Sí, para echarlos»] unido a las imágenes del Rey Felipe VI; del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el expresidente catalán Jordi Pujol, y el expresidente de la Fundación Palau de la Música, Fèlix Millet. Estos últimos carteles incorporaban los logotipos propios e identificativos de la CUP.

En la sesión de la tarde testificarán Enrique Mary Iriarte, empleado de Artyplan, y Enric Vidal Famadas, diseñador gráfico y cargo de Esquerra Republicana en Badalona. Este testigo supuestamente fue el que encargó la confección e impresión de los carteles «en nombre de la Generalitat», según la investigación del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona contra los preparativos del referéndum ilegal.

Los carteles en las calles catalanas fueron uno de los elementos que tensionaron el ambiente en los días previos al referéndum. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya fallecido, ordenó a las policías locales de Cataluña la retirada de esta propaganda. Algunos agentes que trataron de cumplir este mandato fueron acosados por independentistas radicales. También en algunos barrios, los vecinos contrarios a la secesión arrancaron de las paredes, por su cuenta, algunos de estos pasquines, lo que llevó a algún enfrentamiento con los independentistas.

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