Las primeras reuniones de la Diputación Permanente y las comisiones para vigilar a los ministros de Sánchez llegarán tres meses después de las elecciones

“Entiendo que hagan oposición al Gobierno de España, pero no hagan oposición al Estado”. Parece una declaración política del día pero fue cómo respondió el presidente, Pedro Sánchez, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el 27 de febrero, en la última sesión de control al Ejecutivo de la anterior legislatura. Han pasado casi cinco meses y en las Cortes no ha habido más preguntas o plenos de vigilancia. Las primeras, si el mandato arranca tras la investidura del 23 y 25 de julio, podrían llegar en septiembre, siete meses después. El Congreso está a la espera de un Gobierno y ese parón lo trastoca todo.

Las elecciones generales fueron el 28 de abril y el presidente firmó la disolución de las Cortes el 4 de marzo. Desde entonces, y tras dos campañas electorales y dos citas con las urnas, el Parlamento apenas ha registrado actividad política. La constitución del nuevo Congreso se formalizó el 21 de mayo y en este ínterin los ocho partidos con grupo propio han aprovechado para cuestiones logísticas o de rodaje interno. La mayoría, además, estrenan portavoces y la cámara se ha renovado casi un 80%.

Pero la vigilancia del poder legislativo sobre el Ejecutivo es muy precaria. La nueva portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, responsabiliza en primer lugar al propio Sánchez, pero también a la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, a la que ha llegado a atacar por ocultar a “unos demócratas de pacotilla”, como considera a los ministros socialistas a los quieren preguntar por varias polémicas.

Cs ha registrado varias iniciativas en ese sentido y le ha enviado incluso un escrito a Batet para que convoque con urgencia algún pleno. La presidenta ha sido condescendiente en su carta de respuesta a Arrimadas al recordarle que en períodos inhábiles como el actual, fuera de las sesiones ordinarias, solo pueden reclamar plenos el Gobierno, una mayoría absoluta de diputados (176) o la Diputación Permanente, que es el órgano de dirección de la cámara en esos tiempos vacacionales y que tampoco se ha formado aún.

No solo Ciudadanos se queja por la falta de actividad de las Cortes. El PP también lo reprocha y hasta Podemos ha lamentado esa situación en la Mesa del Congreso. El Gobierno del PSOE se encuentra bastante solo en su defensa de este escenario ilógico, pero no inédito. Especialmente en las últimas y complejas legislaturas vividas en España.

Tras las elecciones de 2015, el presidente Mariano Rajoy estuvo 10 meses en funciones y casi cuatro meses sin ir a un pleno. Tras los primeros comicios generales de 2016, el presidente socialista de la cámara, Patxi López, alcanzó 98 días sin fijar una Diputación Permanente. Cuando esa convocatoria con las urnas se repitió, la popular Ana Pastor que le sustituyó tardó 30 días en señalar una Diputación y 51 en formar las comisiones. Sánchez lleva ahora 77 días en funciones.

Batet preside ahora un Congreso en el que se solapan varias situaciones excepcionales, lo que ha llevado a las Cortes a un vacío casi récord. La falta de una mayoría absoluta clara del único aspirante a presidir el Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la proliferación de más partidos ha complicado y retrasado la negociación. El primer argumento usado para justificar la demora en montar las comisiones, la Diputación Permanente o señalar un pleno fue precisamente que se quería esperar a que hubiera un Consejo de Ministros, con sus competencias repartidas. No está siendo fácil y no parece que vaya a resolverse en breve.

El plan ahora ya es otro. Las mediáticas sesiones de control, los miércoles con esas preguntas directas de los líderes de la oposición al presidente, nunca se han celebrado antes de que exista un jefe de Gobierno investido y tiene su lógica. Desde la Presidencia de las Cortes se precisa que eso no quiere decir exactamente que no haya control al Ejecutivo: en estas semanas ya se han calificado 29 informes y 700 preguntas registradas por la oposición y contestado unas 200.

La primera investidura de esta XIII legislatura será en primera sesión el 22 y 23 de julio y en segunda votación, que solo requiere más síes que noes, el 25. La Diputación Permanente se constituirá con 68 miembros de retén justo el 23 y se estrenará en su trabajo posiblemente el 30 de julio. PP y Cs han pedido ya la comparecencia ahí hasta cuatro veces del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por sus declaraciones sobre la manifestación del Orgullo Gay; del de Exteriores, Josep Borrell, por el presunto espionaje a las llamadas embajadas catalanas, y del de Agricultura, Luis Planas, por el acuerdo de Mercosur.

La Diputación Permanente podría aprobar en cualquier momento la necesidad de un pleno de la Cámara incluso en agosto, pero no parece posible que la mayoría progresista actual lo respalde. Ni siquiera para resolver la demanda de que el presidente explique ante todos los parlamentarios el desarrollo del importante Consejo Europeo que desatascó el 30 de junio los principales cargos de las instituciones europeas. Esa obligación no es la primera vez que tampoco se cumple. Lo normal es que los presidentes tarden 10 días en acudir a compartir sus criterios sobre Europa pero muchas veces (hasta siete) Rajoy acumuló esos plenos con otros y hasta una docena de veces nunca llegaron a celebrarse.

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