Muchos de los cabezas de lista del PDeCAT tienen imposible compatibilizar el escaño con su condición de encarcelados preventivos

Un año y cuatro meses después de su llegada a Bélgica, Carles Puigdemont afronta su segunda campaña electoral desde su huida de la justicia española. Tras la mayoría del independentismo en las catalanas de 2017, el expresidente vuelve a ser cabeza de lista de Junts per Catalunya, esta vez a los comicios europeos. Si la primera campaña tuvo que compaginarla con la batalla judicial por su extradición a España, en esta, una vez retirada la euroorden, tiene las manos libres para dedicarse a tiempo completo a hacer proselitismo de su lista. Y su figura será de nuevo omnipresente a través de la videoconferencia en los actos de su partido.

Puigdemont toma la decisión de concurrir a sabiendas de que si es elegido tendrá que viajar a Madrid para ser eurodiputado. Fuentes de la Junta Electoral Central señalan que no es necesario recoger el acta en persona, pero que el trámite de acatamiento de la Constitución Española —previo y necesario para obtenerla— sí es indelegable y como marca la ley electoral, debe hacerse presencialmente ante dicho organismo, cuya sede se encuentra en el Congreso de los Diputados.

Eso significa que una vez proclamado como cargo electo, Puigdemont tendría cinco días para jurar o prometer la Constitución en persona, dado que a diferencia de lo que sucede en el Parlamento catalán, la presencia física del electo es imprescindible. Si no aparece, su escaño será declarado vacante indefinidamente hasta que viaje a España para aceptar la Constitución o renuncie al escaño para que el siguiente nombre en la lista se haga cargo de él. En los últimos comicios europeos de 2014, los eurodiputados acataron la Constitución en una sesión celebrada el 13 de junio, apenas tres semanas después de la votación.

Dado que la imagen del expresidente catalán cruzando la frontera española sin conocimiento de la policía y acatando la Constitución evitando ser detenido parece del todo imposible, el movimiento de Puigdemont busca sumar otro agravio al memorial de daños del Estado español contra su persona, y lograr así un titular de resonancia internacional: “España impide a Puigdemont ser eurodiputado”.

Otro posible escenario a explotar en la estrategia de internacionalización del procés sería dejar vacío su asiento en el hemiciclo en lugar de ser sustituido por otro miembro de la lista. Esa fórmula, sin precedentes en el Parlamento Europeo, le serviría de denuncia de la imposibilidad de ocupar su puesto en la Eurocámara, y para apuntalar el relato, tan habitual en sus intervenciones, de la España poco respetuosa con los derechos humanos. En ese combate por visibilizar su ausencia contaría con la ayuda, entre otros, de los eurodiputados nacionalistas flamencos de la N-VA, sus grandes aliados. Sin embargo, el coste de perder voz e influencia en Bruselas resulta, a priori, demasiado elevado.

El paso adelante de Puigdemont también entraña sus riesgos. Con la eventual alianza con el PNV por definir, aún no está claro si obtendrá los apoyos suficientes para llegar a la Eurocámara. Los estudios del Parlamento Europeo no otorgan escaño al PDeCAT en solitario, con lo que el ruido preelectoral que logrará gracias a su candidatura —acrecentado en las anteriores elecciones con la multitudinaria manifestación de Bruselas—, puede quedar silenciado en caso de fracaso, y su posición interna, verse debilitada.

Mismo problema en el Congreso

En el Congreso, la situación es parecida. Jordi Sànchez, presidente de la Crida Nacional y diputado de JxCat en el Parlament, encabezará la lista de JxCat por Barcelona al Congreso. El exdirigente de la ANC, al igual que Josep Rull y Jordi Turull, cabezas de lista por Tarragona y Lleida, se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga mientras dure el juicio del procés, que previsiblemente seguirá hasta comienzos del verano y del que no se espera sentencia a corto plazo. Mientras sigan en la cárcel, sería imposible para los independentistas recoger su escaño. 

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