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Este miércoles celebramos en Bruselas los 40 años de la Constitución Española, en un acto organizado por la delegación en la capital belga de Sociedad Civil Catalana, en colaboración con Prou, el Real Instituto El Cano, los grupos Socialista, Popular y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Éramos 250 españoles, que fue todo lo que dio de sí el aforo del Museo de Bellas Artes de Bruselas, y en el que intervinieron  el historiador Ángel Viñas Martín, el líder del Partido Popular en el PE Esteban González Pons, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta, e Inés Ayala Sender, europarlamentaria del PSOE.

El largo período de progreso y bienestar que ha propiciado la Constitución Española podría llevarnos a pensar que ésta se defiende sola. Pero no es así. De hecho, nunca como hoy ha sido tan necesario un relato que subraye que la ley de leyes que nos dimos hace cuatro decenios es política y moralmente superior a cualesquiera de las tentativas secesionistas, populistas o autoritarias que la han amenazado en los últimos tiempos. Ese relato no tendría más que remitirse a los hechos, contar la verdad; podría ser incluso vibrante, enardecedor. Pero sobre todo, debería formar parte de un esfuerzo cotidiano. Es verdad que la militancia en el statu quo no resulta precisamente excitante. A ello se refirió Antonio de Senillosa, el gran centrista español, cuando observó que convocar una manifestación para dar vivas al centro —y quien dice centro dice sistema— no era, que digamos, la más estimulante de las propuestas. En aquel entonces, léase la Transición, al latoso pleonasmo de vindicar lo que ya nos era dado se añadía la evocación, incomodísima, de los días en que las concentraciones de adhesión al régimen habían sido de asistencia recomendable, cuando no obligatoria.

No obstante, la historia reciente nos ha enseñado que ningún avance está blindado per se, que la prosperidad y la concordia requieren de algo más que conmemoraciones, por loables que éstas sean; que exigen, en fin, un compromiso activo, que incluya, por parte de los poderes públicos, políticas vigilantes, desacomplejadamente españolas o, si se quiere, resueltamente proconstitucionales. Por ejemplo, y valga como botón de muestra, en el ámbito de la educación, convertida en disolvente de la trama de afectos que es España —sobre todo en Cataluña, el País Vasco y Baleares— y como instancia censora —la universidad, pero no sólo— de cualquier discurso liberal, a menudo mediante el uso de la violencia, y siempre con la connivencia de un sector del profesorado que perdió su última batalla con la caída del muro de Berlín.

Mas insisto: los alegatos en favor de la Constitución y, en definitiva, de todo lo que nos une, no sólo han de desmentir, es decir, negar con pruebas, esa gran falacia que el nacionalpopulismo ha puesto en circulación, en el sentido de que España es un Estado posfranquista en quiebra técnica, poco menos que exangüe cárcel de pueblos. Además, debemos ser audaces. A diferencia de lo que venden estos nuevos salvapatrias, la España que hemos construido, con la Constitución como pared maestra, no es una ficción ni un territorio mítico, sino una realidad. Es verdad que aún hay muchos problemas por resolver; tanto como que los recursos políticos, morales y técnicos de que nos hemos dotado, y de los que la Constitución es pared maestra, no resisten, por el momento, comparación alguna.

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