Garamendi denuncia que a los empresarios «cada día» les surgen «más dudas» sobre el control de jornada pese a la guía práctica publicada por el Ministerio

«No podemos poner trabas a las empresas para que no crezcan porque son la clave de la economía, de los impuestos y del empleo». Éste es el mensaje que hoy mandó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al Gobierno, aunque esté en funciones, durante una jornada sobre formación y empleo de calidad organizada por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Y entre esas «trabas» mencionó expresamente la nueva norma por la cual desde el pasado 12 de mayo todas las empresas tengan que llevar un registro de jornada de sus trabajadores. «Menos mal que vamos a cumplir el horario, porque si no tengo que decir que he estado un rato fuera», bromeó.

A este respecto, Garamendi denunció que este Real Decreto es «un contrato de adhesión» que «complica mucho las cosas» y se quejó de que debería haberse «trabajado más seriamente» en las mesas de diálogo social, ya que existen numerosas dudas que no se han resuelto ni siquiera a raíz de la publicación de la Guía Práctica elaborada por el Ministerio de Trabajo. «Nos siguen llamando, no solo los pequeños y medianos empresarios, sino también las grandes corporaciones, para ver cómo se hace», advirtió el presidente de la patronal, quien mostró su «preocupación» porque esta obligación pueda afectar a la productividad y competitividad de las empresas. Por ello, afirmó que están «trabajando intensamente» con el Ministerio para resolver todas las dudas. Desde el departamento liderado por Magdalena Valerio confirman esta «intensa» colaboración para resolver todas las dudas pero niegan que vaya a revisarse esta guía ni a haber ningún cambio en el Real Decreto.

Ante esta situación, el líder de los grandes empresarios mostró su «alegría» por que hayan pasado las elecciones «y no haya tanto decreto electoral». De hecho, lejos de pedir acciones concretas al nuevo Ejecutivo pidió «que nos dejen trabajar en libertad» y que «no nos impongan todo el rato normas», ya que este último año -apuntó- ha habido 170.000 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) de normas nuevas.

«Al final son trabas de todo tipo, de flexibilidad, de salarios…», advirtió, al tiempo que abogó por que «la mayor infraestructura de España es el diálogo social», ya que, aunque haya «discrepancias, la capilaridad del diálogo funciona» y es un «ejemplo en el resto de Europa» pues supone un «arma de competitividad inmensa que otros países no tienen».

Otra de sus denuncias fue el fuerte encarecimiento de las cotizaciones sociales este año, consecuencia de la fuerte subida del salario mínimo, con el consiguiente incremento de las bases mínimas (también un 22,3%) y el alza del 7% de las bases máximas, lo que ha supuesto el mayor repunte de la última década. «No se puede subir un 7% las cotizaciones sociales si se quiere traer talento», advirtió Garamendi, que afirmó que si no se necesitara un 9% más que antes para contratar, «estaríamos más capacitados» para crear empleo. «Estamos compitiendo en el mundo y nuestra competencia le importa muy poco el coste de la energía y el coste salarial que tenemos en España», apuntó.

Incentivos para puestos que no se cubren

A su vez, la CEOE pidió «políticas activas de empleo serias» porque ya no es solo un «problema de empleabilidad, sino de actitud». En este sentido, denunció que hay muchos empleos que los españoles no quieren acceder a él y puso como ejemplo 6.000 plazas de conductores de autobús que no logran cubrir, por lo que una empresa española va a formar en Marruecos a 6.000 personas para que vengan. Por ello, apostó por que las subvenciones sean solo para «la gente que lo necesita» y abogó también por un sistema mixto en el que los desempleados puedan recibir un incentivo por aceptar colocarse en algunos de esos puestos de trabajo que no se cubren, como por ejemplo la recogida de la fresa.

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